Sobre la rehabilitación criminal y su impacto innovador desde lo público.

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En primer lugar hablamos de lo que era la Innovación Pública, el problema de inseguridad que aqueja la vida de los ecuatorianos, y cómo esta innovación ha sido aplicada, además de cómo podría hacerlo. Ahora toca uno de los subtemas que pueden contribuir a la construcción de la paz, que es la rehabilitación de personas privadas de la libertad (PPL), un asunto que en los últimos años vuelve a debatirse.

A través del siglo XX, pero especialmente desde su segunda mitad, los sistemas carcelarios en occidente han ido aplicando programas y reformas legales que los hacen pasar de ser calabozos, para contención de antisociales o contrarias a un sistema particular, a un lugar para su recuperación integral a la comunidad. Esto se dice más fácil de lo que se hace, y dependiendo del enfoque específico y los problemas particulares de cada país, una implementación plena de la rehabilitación social llega a ser deficiente, sobre todo en países en vías de desarrollo. Tomando en cuenta que se ha intentado todo tipo de aproximaciones, y que múltiples factores han ralentizado un efectivo control y prevención del delito, el confinamiento se ha vuelto la vía más rápida y popular, pero cortoplacista igualmente.

La discusión más reciente e importante al respecto de sistemas penitenciarios por parte del sistema internacional se concretó en 2015 como el decimotercer informe anual del Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Se llamó la atención sobre la necesidad de innovar los enfoques de las políticas y programas públicos en estos aspectos, y desde sectores gubernamentales y no gubernamentales,  en coordinación con organismos internacionales competentes. Pero la mayoría veces, las respuestas desde las instancias más altas demora, por lo que los países mismos deben comenzar a aplicar nuevas leyes por cuenta de su propia soberanía antes que nada para probar su efectividad real en cada contexto.

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Las pautas internacionales establecen la aplicación de planes en tres fases por parte de los países, basado en los manuales y guías expedidos para el tratamiento de los problemas de conducta antisocial, corrupción, reincidencia y hacinamiento en el sistema penal. La primera es la proposición de reforma, su prueba, y la implementación de los programas con mayor incidencia, la segunda el reacondicionamiento y creación de nuevos espacios penitenciarios para el proceso educación-capacitación-trabajo, y el tercero el empoderamiento económico para la sostenibilidad y el autoabastecimiento. Hasta ahora los programas de rehabilitación han implementado trabajo comunitario, talleres para la práctica de habilidades manuales, educación de primero a tercer nivel, pero poca atención existe, y poca estandarización, del tratamiento psicológico.

Ya no solamente se trata de tratar y anular otro aspecto crucial, que es la pertenencia a las organizaciones delictivas o vínculos con ellas, sino también de desprogramar una serie de patrones de pensamiento, conducta y comportamiento que perpetúan el tipo antisocial. Tales patrones, dependiendo de cuan acentuados se encuentren en las sinapsis cerebrales, pueden tardar en revertirse, o no tener vuelta atrás, aunque eso no signifique que no existan probabilidades de éxito en la mayoría de los casos.

En Ecuador, factores disparadores de problemas mentales en PPL incluyen drogadicción, traumas de la infancia y trastornos de personalidad; una propuesta holística es dar herramientas de gestión emocional. Muchas conductas antisociales suelen tener relación con la inmadurez mental, o la toma de decisiones adultas a temprana edad, o, por el contrario, la incapacidad de tomar responsabilidad, y el saber controlar las emociones es crucial para revertir de a poco estos problemas. Esta sería una de las varias habilidades sociales o “de vida” que se debería entrenar más allá de sólo lo manual o lo académico, con tal de que en este y demás aspectos la toma de decisiones se vuelva más racional, coherente y consciente.

Tal programa aun así requiere una inversión significativa en recursos humanos (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales) y en la creación de infraestructuras adecuadas. Sin embargo, al reducir la reincidencia y fomentar la reintegración exitosa, se pueden disminuir los costos asociados a la vigilancia, el sistema judicial, y el sistema penitenciario. Al convertir a PPL en ciudadanos productivos, se aumenta la base contributiva y se mejora la economía en general, atrayendo inversiones y fomentando el desarrollo comunitario.

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La transparencia en países en desarrollo será clave en la universalización de programas de salud mental y en la asignación de los recursos destinados, asegurando que los fondos no sufran filtraciones, asignándose a la vez eficazmente. Mecanismos de evaluación continua e informes regulares detallados se deben poner en marcha para medir el impacto en el tiempo, permitiendo a la ciudadanía y a los organismos de control monitorear el progreso y garantizar la rendición de cuentas. Involucrar a la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y la supervisión podría también tornarse necesario en pos de la transparencia y como gesto para aumentar la confianza pública en el sistema penitenciario.

La mejora del sistema de rehabilitación mental para PPL en Ecuador es por tanto una estrategia clave para la reducción de la inseguridad y el fin del conflicto armado interno a largo plazo. Para asegurar el éxito, deberá estar acompañado de un enfoque integral que incluya consideraciones económicas y mejora en la transparencia pública. Invertir en rehabilitación mental no solo puede reducir la reincidencia, quitando presión fiscal y material al Estado, sino que también puede generar beneficios económicos y fortalecer la confianza en las instituciones.