El Estado es la más importante manifestación del tácito contrato social al que una población subordina libertades a cambio de, principalmente, seguridad, e irónicamente, la libertad de ejercer o proteger un amplio abanico de derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, si este ve su capacidad disminuida para precautelar la integridad física de la población, lo cual va de la mano con la incapacidad total o parcial (en el ámbito territorial, legal, o ambos), la pregunta que surgirá será, en primer lugar, “¿por qué sucede esto?”.
En Ecuador, las cifras de violencia e inseguridad en las calles son alarmantes y la percepción general de esto es cada vez más negativa; la tasa de homicidios, que incluye sicariato, ha estado incrementando en un 71%, desde los 3200 en 2022 a 7500 en 2023, y quedan todavía pendientes las cifras a nivel nacional de este año. Mientras tanto, la creciente influencia y apoyo material de los carteles mexicanos a los GDO ha provocado que el flujo de sustancias sujetas a fiscalización, que se venden a altísimos precios por kilo en Europa y Estados Unidos, aumente significativamente, un 14%; en 2022 se confiscaron 201 toneladas, mientras que en 2023 esta cantidad aumentó a 230. Los robos aumentaron un 30% a 2022, con 43000 reportes, y 50% más a 2023 con 65000 reportes, en tanto los asaltos a vehículos aumentaron de unos 7500 reportados en 2022 a alrededor de 10800 reportados en 2023, mientras que los secuestros ascendieron de 450 en 2022 a más de 700 en 2023.
Esto a su vez se vincula al aumento de las propias redes criminales que realizan estas actividades, primero en su número de miembros, 10000 en 2022 y 15000 en 2023. Asimismo los actos de terrorismo o amenazas de terrorismo de tales grupos delictivos aumentó en un 35% de 2022 a 2023, tomando como precedente de mayor importancia el atentado a una estación de policía en San Lorenzo por parte del Frente Oliver Sinisterra. Hoy en día, actos de menor escala, incluyendo la explosión de dos camionetas frente a la Universidad Católica, son imitados por estas pandillas locales, que cada vez refinan sus tácticas y reciben armamento de grado militar cada vez más avanzado de parte de sus auspiciantes extranjeros. Tales filtraciones de recursos ilícitos ha ido sobrepasando con cada vez mayor frecuencia los controles de seguridad en fronteras y hasta dentro de las cárceles del país, propiciando un aumento en las matanzas entre bandas hasta 2022.
Por lo tanto, no solamente es menester impulsar cambios externos ayudados por el sector público, sino que al sector público se lo debería promover a cambiar en tándem; he allí que entra el concepto de Innovación pública. Tal y como su contraparte social, implica un proceso de transformación que inicia en la creación de nuevas ideas por parte de actores tanto fuera (por lo general) como inclusive dentro del propio Estado; así, de hecho han iniciado las reformas políticas de las naciones, siempre que, por supuesto, una serie de acciones sean tomadas y tengan éxito. Mediante la creación de nuevos enfoques, metodologías y luego prácticas o, en este caso, políticas públicas, se busca promover mejoras en la calidad de los procesos y recursos estatales y su modo de distribución en forma de servicios para beneficio del público.
Fuente: lahora.com.ec
Ejemplos aplicados por el Estado en su forma actual, aunque por el momento insuficientes en su ejecución, nos arrojan indicios sobre cómo se han implementado las ideas, y perspectivas desde las cuales mejorar aquello que funciona y descartar lo que no. Podemos agruparlas en dos categorías, las primeras siendo cambios o reformas de carácter jurídico y las segundas, aunque estrechamente ligadas a las primeras, se asientan sobre todo en la actualización estructural-física de los recursos estatales. En el primer campo, tenemos iniciativas tales como las intervenciones de seguridad, o el amparo temporal de estados de emergencia, mientras que en el segundo se han implementado avances tales como el sistema integrado de seguridad ECU 911, capacitaciones a fuerzas de seguridad o aplicativos para uso ciudadano.
Las problemáticas en sí persisten a pesar de las medidas paliativas debido a una falta de pesos y contrapesos en contra de aquellas instituciones que, dada la crisis económica, son más susceptibles de recibir financiamiento del narcotráfico. Asimismo el aumento de falta de oportunidades y la precariedad laboral complica aún más el panorama para los jóvenes en los deciles más bajos de la economía, inclinándose más a trabajar en GDOs bajo la promesa de ganar más dinero más rápido. Debido a ello hace falta que las políticas públicas no solamente se focalicen en atacar problemas de seguridad o económicos puntuales, sino articularlos en un plan de gobernanza donde la ciudadanía pueda retroalimentar un proceso de reforma adaptativa a largo plazo, de efecto duradero, que desincentive la economía criminal.
Si planteamos una gobernanza, esto no solo requerirá de una coordinación de actores públicos poco vista en nuestro país al mismo tiempo, sino también de una sociedad civil que supervise y participe activamente de los procesos. Esto requiriendo a su vez una mayor integración de nuevas tecnologías informáticas incluyendo algoritmos inteligentes que permitan la adaptación con menor intervención humana a la hora tanto de prevenir y responder tanto al crimen como a los perjuicios que causa. Una reforma de transparencia judicial, por ejemplo, apoyada de un sistema de vigilancia electrónico compuesto de varios tipos de sensores que pueda también monitorear la actividad de los funcionarios. Esto también serviría para protegerlos a ellos y al resto de la ciudadanía del crimen organizado permitiendo intervenciones rápidas y procesos efectivos con pruebas audiovisuales tomadas por IA para apoyar casos de delito.
En eso pueden participar otros sectores sociales dentro de esta red de apoyo interinstitucional, iniciativas tecnológicas pequeñas o medianas incluso e inversores grandes, aportando conocimiento e implementos técnicos para su aplicación. Esto por supuesto, si es que no hubiese confianza en que institutos estatales hicieran el trabajo creativo y/o de implementación, y de manera autónoma los GADs con los mayores índices de inseguridad tuviesen delegada la tarea de mapear y contratar. Aquello podría formar parte de una política de descentralización en seguridad para aumentar la eficiencia de la respuesta policial, promoviendo a su vez una implementación de planes especializados seccionalmente para rehabilitar a menores de edad o miembros recientemente integrados a GDOs.
Al final, lo más importante para que las IAs controlando sistemas de vigilancia y alertando a policías para arrestar a los sospechosos funcionen, es que estas tengan el respaldo humano de jueces, fiscales y fuerzas del orden estrictamente reguladas por la ley. Igualmente pasa con las personas del sistema carcelario, deben ser funcionarios vigilados, para que, en base a tener acceso a un perfil y ponderar desde un debido proceso, los sistemas digitales inteligentes puedan ayudar en el proceso de reintegración social.
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